Por Juan Federico (*)
El sistema. Que programa la computadora que alarma al banquero que alerta al embajador que cena con el general que emplaza al presidente que intima al ministro que amenaza al director general que humilla al gerente que grita al jefe que prepotea al empleado que desprecia al obrero que maltrata a la mujer que golpea al hijo que patea al perro.
(Eduardo Galeano, “Días y Noches de Amor y de Guerra”)
Febrero de 2013. Tamara.
Cansada de la inseguridad y de la falta de oportunidades, Rosario Bebelacua cerró el quiosco familiar en el municipio de Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense y junto a los suyos viajó hacia Córdoba, donde vivían algunos primos. Al poco tiempo, se instaló en Villa Urquiza, un barrio pobre ubicado frente a la opulencia de Urca (río de por medio) y cada vez más cercado por el avance de los grandes edificios. Corría 2005 y, casi sin advertirlo, Rosario, su familia y sus vecinos se fueron acostumbrando, poco a poco, a convivir entre la violencia.
En Villa Urquiza, la mayoría de los que allí viven son laburantes. Hombres y mujeres que se desloman en obras, como serenos o limpiando casas ajenas. Tenaces trabajadores que han aprendido, con los años, a vivir entre la falta de iluminación, las calles convertidas en lodazales luego de cada tormenta y las aguas servidas que corren todos los días. Y que han comprendido, en los últimos tiempos, que para sobrevivir entre tiros y “dealers” (proveedores de drogas) lo mejor es parecer “sordo, ciego y mudo”.
Son las reglas tácitas que impone el terror, materializado en droga y armas en poder de cada vez más chicos. El miedo, que tiene rostro de desesperado, cree encontrar en un revólver el certificado para salir del ninguneo al pobre.
El caluroso lunes 18 de febrero de 2013, Rosario había viajado junto a su hija Tamara (13) a Capilla del Monte, para pasar el día en la casa de una prima de la mujer. Regresaron al atardecer, cuando el padre, que salió temprano a trabajar, aún no volvía. Madre e hija caminan, ahora, la cuadra y media que separa su casa de la verdulería ubicada en la esquina de Irós e Igualdad, en el corazón del barrio. Faltan pocos minutos para las 20 y la claridad del verano es un incentivo que aprovechan muchos, grandes y chicos, para salir a las veredas y tomar aire un poco más fresco.
Rosario entra a pedir lo que piensa cocinar para la cena y Tamara se demora en la puerta. No alcanza a ingresar cuando los tiros empiezan. Dos grupos de adolescentes casi tan chicos como ella se disputan la calle. Por lo menos siete pibes de entre 14 y 20 años, casi todos armados, se disparan como si jugaran a los cowboys. Pero con pistolas nueve milímetros y balas de plomo. Uno de los tiros alcanza a Tamara. El verdulero, casi cuerpo a tierra, se asoma y logra arrastrarla hacia el interior. Afuera, los balazos no cesan. La introduce en su auto y sale rápido hacia la guardia del cercano Instituto Modelo de Cardiología. Pero ya no hay nada que pueda salvarla.
Ya oscureció. Las luces azules de los patrulleros iluminan esta noche el barrio, acostumbrado a que la luminaria pública falle y nadie se preocupe en arreglarla. Algunos chicos son detenidos. Días después, las madres entregarán a otros. En total, son siete los detenidos. Cuatro tienen entre 18 y 20 años. Los otros tres, 14 y 15. Los peritos de la Policía Judicial contabilizan 30 balazos.
Entre aquel lunes y el jueves, los periodistas recorren el barrio. Algunos parecen descubrir recién entonces que en Córdoba hay cada vez más armas en poder de chicos. Testimonian la bronca generalizada. La impotencia. “Acá venden ‘porros’, pastillas y cocaína como caramelos”, asegura una vecina. Otro hombre agrega: “Todos saben quiénes manejan la droga, pero no pasa nada”.
Llega el viernes y ya la Policía abandonó el barrio. Hasta hoy, esta fue la única respuesta estatal ante un drama mucho más complejo que aquel 18 de febrero tomó el nombre de Tamara, en Villa Urquiza.
Marzo de 2013. Morena.
“Plap, plap”. Dos golpes secos de mano. Un hombre que se asoma y un joven que desde la vereda, a las 11.45, a plena luz del día, dispara a mansalva. Sin miramientos. Sin importarle más que matar. En el comedor de la casa ubicada en calle Solares, a metros de la última parte de la Costanera, donde las mejoras nunca llegaron, en Müller, está sentada Morena Barrionuevo (4). Es viernes 22. La pequeña acaba de ser bañada y su madre la está peinando porque tiene que llevarla a la guardería. El que dispara busca matar a su padre, que, al parecer, también se defiende a los balazos. Uno de los proyectiles, atraviesa el vidrio, ingresa en la casa y da en la cabeza de Morena, que muere horas después en el Hospital de Niños.
Lo que acaba de ocurrir, lejos está de ser una excepción en la ciudad de Córdoba. Al recorrer la zona aledaña al cementerio San Vicente, conocida como la 5° (por la comisaría del sector), los vecinos honestos y trabajadores, que son mayoría, sólo murmuran. Hablan por lo bajo y con la mirada dicen mucho más. Desde lejos, saben que son observados.
Ejércitos de “teros” (chicos y adolescentes reclutados por unos “porros”, pastillas o un “raviol” de cocaína) se encargan de imponer la ley mafiosa que manda a callar y a no ver ni escuchar. Los tiros a toda hora ya no asustan en la zona, como ocurre en tantos otros lugares de la ciudad.
Pero si el balazo que mató a Morena terminaba impactando contra una pared, un mueble u otra parte, tal vez la sociedad cordobesa no se hubiera chocado, otra vez, con que en Müller, así como en otras partes de la Capital, matar significa casi lo mismo que vivir.
Según la investigación judicial, el asesino es “Kekela”, un joven de 24 años, con antecedentes penales y adicto desde chico a las drogas. Era vecino del padre de Morena, que también purgó condena. Ambos, salieron de prisión hace poco y viven a escasos metros, con la comisaría entre sus casas. Al matador nada le importó pasar caminando frente a la sede policial, casi al mediodía, con una pistola en su mano derecha. Mucho menos, empezar a los tiros segundos después. Para la Justicia, existió un crimen y hay un asesino atrapado. Caso casi cerrado. No es necesario indagar el porqué. Entender que detrás del crimen, absurdo como todos, existía una disputa entre narcotraficantes.
Abril de 2013. Leandro.
Sábado 20. 22.15. Mauricio Rodríguez (19) Está ansioso. Hace poco más de 24 horas que le dieron la moto, recién comprada. Para conseguirla, trabaja en una fábrica de herramientas odontológicas, camino al Aeropuerto. Ya dejó inconcluso el secundario nocturno. Su madre, Silvina, intenta retenerlo. Le demora las milanesas. Pero come rápido y avisa: “Salgo a dar una vueltas en la moto, para ir asentándola”. A las tres cuadras, se cruza con “Nerola”. Se trata Claudio Gómez, un pibe de 18 años, conocido de toda la vida. De chicos jugaron juntos y hasta compartieron los pasillos del Ipem 338 “Salvador Mazza”, el colegio del barrio, Marqués Anexo. El papá de Mauricio, José Luis, que es taxista, organizó una escuelita de fútbol para ellos cuando eran niños. “No sé qué le pasó a ‘Nerola’”, reitera días después, en la sala de espera del Hospital de Urgencias. La noche de aquel sábado, “Nerola” le disparó por la espalda, dos veces. Un balazo le afectó el hígado y el otro le dio en el cuello. Mauricio se salvó de morir sólo de casualidad.
Domingo 21. También de noche. Leandro Narváez (16) toma su moto y sale de su casa de Hipólito Yrigoyen. Cruza las vías y llega hasta la casa de la familia de Mauricio, a pocas cuadras de la suya. Va a preguntar cómo está su amigo. “Jodido”, le responden. Enciende la moto de nuevo y empieza a regresar. “Nerola” lo cruza. Otra vez él. Le tira a matar y esta vez logra su objetivo.
Miércoles 24. El diario La Voz del Interior refleja cómo el absurdo también azota a Marqués Anexo. Jóvenes que matan y mueren. Pero la violencia no es un fenómeno surgido de un día para otro: desde 2004 hasta hoy, 13 adolescentes que alguna vez transitaron los pasillos del Ipem 338, pero que ya habían desertado, murieron alcanzados por una bala. Otros cuatro fallecieron en siniestros viales (tres en moto, uno atropellado) y la víctima 18° se ahogó. En estos últimos cinco casos, los chicos presentaban adicciones crónicas a las drogas. “Se nos murió un curso completo”, dimensionó un docente. Tras la nota en el periódico, en la tarde de este miércoles, el desfile policial impresiona. Marqués Anexo, barrio que da el nombre a un sector de fronteras invisibles, donde conviven tres villas hoy enfrentadas (El Nailon, El Pueblito y Ramal Sur), aparece sitiado. Otra vez, como ocurrió antes en Villa Urquiza y en Müller, las luces azules son la respuesta estatal ante un drama que exige contestaciones mucho más profundas. Policías pertrechados como si estuvieran en una zona de guerra. Los vecinos se quejan: “No buscan a los ‘narcos’ ni a los que venden armas, sólo levantan a los pibes del barrio que no tienen nada que ver”. Y denuncian, como ya lo hicieron otras veces, a los proveedores de drogas, revólveres y pistolas, personajes conocidos por todos en la zona, pero que nunca han sido detenidos. “Está claro que la Policía los protege”, concluyen. El secundario nocturno que funciona en el Ipem 338, ante la amenaza que sufrió un alumno por parte de un ex compañero, que prometió matarlo, suspende las clases.
Jueves 25. “Colegio sin clase por guerra entre bandas”. La noticia causa estupor en una sociedad que muestra síntomas de naturalización. Pocos comentaron el caso de los dos jóvenes baleados (uno asesinado) en 24 horas. Pero que un colegio cierre por temor a los balazos, es un límite que sí hace reflexionar. La clase política reacciona como lo hacen la mayoría de ellos: con pavor. Un fiscal, Marcelo Hidalgo, que investiga el homicidio y la otra balacera, recién entonces se acerca al barrio. Va a media mañana, cuando el barrio descansa y rodeado por un amplia comitiva policial. “No hay por qué alarmarse”, intenta tranquilizar a la directora del Ipem, Rosa Merlo. Ella busca explicarle dos puntos: uno, que el secundario, que funciona de día, nunca dejó de dictar clases, que fue una decisión del nocturno, que depende de otra dirección y que tiene otros alumnos; dos, que a las 10 de la mañana, Marqués Anexo no tiene nada que ver que cuando oscurece. Más si está plagado de policías.
Viernes 26. Otro crimen. Dos jóvenes muertos y otro baleado, muy grave, en sólo seis días y en un radio de cinco cuadras. Esta vez, Leandro Rivas (20, repartidor de una pizzería, en pareja, padre de una beba de meses) es asesinado por un grupo de muchachos, conocidos de él, con el que minutos antes había discutido, ya que los había señalado por intentar robarle su moto, su herramienta de trabajo. Rápido, la Policía intenta sacar conclusiones. “Fue un homicidio que no tiene nada que ver con la guerra de bandas”, buscan explicar minutos antes de las 11. Hay dos detenidos, de 17 años. Uno de ellos, el matador, hacía poco que había abandonado un Instituto de Menores. “Se están depurando entre ellos”, murmulla un jefe policial a los periodistas que preguntan cómo puede haber tantos tiros si el barrio está copado desde hace 48 horas por policías armados hasta los dientes.
Domingo 28. Las patrullas policiales, los efectivos del grupo Éter entrenados para combates extremos y hasta el helicóptero policial continúan en Marqués Anexo. Pero a plena siesta, tras el entierro de Leandro Rivas, otra vez… balazos. Los atacantes buscan que los familiares de los asesinos abandonen el barrio. Cansados de los tiros, ya no viven más en el sector la familia de Mauricio, el chico que de a poco comienza a dar señales de vida en el Urgencias. No tienen adónde ir, pero el valor de la preservación de la vida puede más. Muchos más piensan en mudarse, pero tampoco saben hacia qué parte.
Lunes 29. Más tiros y una casa quemada, la de un familiar de los asesinos de Leandro Rivas. Corridas, algunas detenciones. Quienes tiraban, según testigos, usaban dos chalecos antibalas de la Policía y portaban armas largas. “Los problemas de seguridad no se solucionan sólo con presencia policial, y esto es un ejemplo de ello”, reconoce el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejo Paredes.
Martes 30. Reunión cumbre en el Ipem 338. Docentes, directivos de todos los niveles, delegados del gremio y la secretaria de Educación de la provincia, Delia Provinciali. La funcionaria no entiende el pedido de poner un muro alrededor del colegio. No se trata de despegarlo del barrio, de desligarlo de la comunidad, le explican. Sólo es un grito de auxilio, una muestra de miedo. Los balazos y piedrazos del exterior han destrozado los vidrios. Hace un par de años que los reclamos de reparación duermen en un expediente. La violencia exterior llega al colegio, un dique de contención cada vez más resquebrajado, continúan diciendo como si fueran necesarias tantas explicaciones. ¿Cuánto falta para que una bala ingrese y mate a un alumno o a un docente?, le contestan. Provinciali se queja de por qué la prensa ingresó al colegio durante la semana anterior. “No nos preguntaron si necesitábamos un vaso de agua, acá ya los profes no quieren venir, se sienten muy solos”, es la sensación que queda en la escuela tras la reunión.
Viernes 3 de mayo. La Policía realiza una serie de allanamientos. Hay 18 detenidos: ocho adolescentes, una pareja sospechada de robar en departamentos de Nueva Córdoba y otras personas acusadas de distintas contravenciones. Se incautan computadoras, electrodomésticos, cinco motos y un rifle. Llama la atención que pese a que los balazos resuenan a cualquier hora, no hay un secuestro masivo de armas de fuego. Tampoco se informa sobre drogas, pese a que en la zona nadie se atreve a dudar de que los “quioscos” de cocaína, “porros” y pastillas han proliferado de manera alarmante en los últimos tiempos. “El jueves todos empezaron a esconder lo que tenían porque sabían que se venían los allanamientos, siempre se filtran”, asegura un vecino. Más policías, Éter, Guardia de Infantería, el helicóptero. Pero no encuentran a “Nerola”, pese a que su historia lejos está de ser la de un asesino complejo. Criado en un entorno conflictivo, pasó varios años de su vida en institutos de Menores. “En la zona, hay muchos ‘Nerolas’, son muy tristes las vidas de estos chicos, están perdidos”, le duele a un maestro.
Martes 7 de mayo. Hace 16 días corridos que Marqués Anexo es una mala noticia. Los tiros, las peleas, las disputas territoriales no cesan. Sólo de casualidad, por ahora no hay más muertos. La prensa ya no se acerca de manera masiva. La Policía se ha ido. No llegaron trabajadores sociales, equipos interdisciplinarios y nadie con alguna respuesta creativa y a largo plazo. Pocos legisladores levantaron la voz. Ninguno se acercó al barrio, caminó por las calles y habló con los vecinos. Marqués Anexo es un barrio de esperanzas rotas. Hace años, la Municipalidad construyó un enorme polideportivo abierto. Hoy, la pileta vacía y rota está rodeada por casas edificadas, a las apuradas, en un terreno usurpado. En alguna de las cíclicas campañas proseletistas, un vecino que trabaja honestamente, como la mayoría de los que viven en el sector (y que son los que principalmente sufren la inseguridad, la violencia, la falta de oportunidades, la desesperanza, los prejuicios), se acercó a un grupo de políticos y les dijo que con unas pelotas y un juego de camisetas él se iba ocupar de enseñarles fútbol y transmitirles a los chicos del barrio otras herramientas como barrera ante tanta violencia dando vuelta. “Muy bueno”, “Cuente con nosotros”, “Lo felicito”, le dijeron. Jamás llegó ni una pelota.
Ahora, el Ipem 338 se propone por su cuenta y en su soledad, trabajar una problemática que no le es propia. “Aprender a disparar palabras, a trabajar con el diálogo”. De esta manera, una maestra empieza una jornada de reflexión. Es mediodía y sentados en el gran salón de usos múltiples de la escuela, escuchan más de 100 chicos -tras los tiroteos, varios alumnos dejaron de ir y aún no regresaron-, un puñado de padres, la directora Rosa Merlo, el resto de los docentes, el inspector zonal y un grupo de la Unión de Educadores de la Provincia.
“¿Cuántas paredes son necesarias para hacer una cárcel?, preguntó el alumno un día (…) Desde el fondo del aula, con gravedad de filósofo, uno sentenció: ‘También hay cárceles sin paredes’”, leen los abanderados. Otro chico, de 2º año, escribe: “Que no haya más violencia, que no haya más muerte. Que se pueda venir al colegio, que se pueda salir a comprar”.
Frente al edificio del Ipem, en un descampado, una gruta de piedras recuerda a uno de los adolescentes muertos en circunstancias violenta en los últimos años. Al caminar por El Pueblito o Ramal Sur, estos homenajes aparecen en diferentes lugares: una vereda, una plaza, el patio de una casa. Los chicos de Marqués Anexo hace rato que han aprendido a convivir con la muerte, con el dolor de la ausencia de sus pares.
“Queremos ir a la legislatura y proponer que cada 7 de mayo sea el Día de la Palabra contra la violencia”, cuenta un docente días después. Tras el acto que elaboraron junto a los chicos, la escuela redescubre que aún puede ser un bálsamo anta tanta desdicha. Para lograr el objetivo, los profesores preguntan a los periodistas si conocen a algún legislador que pudiera acompañarlos, porque hasta ese momento ninguno se ha acercado a hablar con la comunidad educativa.
Jueves 16 de mayo. En el otro extremo de la ciudad, al sudeste, al borde del anillo de la Circunvalación, el colegio Madre María del Tránsito de Villa Boedo luce un cartel en el que se lee que no hay clases por la inseguridad que rodea a la escuela. “Ayer hubo un tiroteo y los chicos se tiraban cuerpo a tierra, debajo de los bancos, porque eso es lo que le enseñaron en sus casas cuando escuchan balazos”, relata una docente. El barrio, cuentan los vecinos, es un territorio liberado donde dos grupos de narcotraficantes dirimen con las armas cuál manda ahí. Lo que significa, quién “cocina” y vende la droga. “Como caramelos”, grafica una mujer la forma en que se consiguen “porros”, cocaína y pastillas. Desde el gremio de los docentes advierten que ya no son casos aislados. Ahora Villa Boedo, ayer Marqués Anexo, antes, en marzo le tocó a la escuela de Sol Naciente, que también cerró agobiada por los tiros externos. Las respuestas, otra vez, son poco felices. El ministro de Educación de la Provincia, Walter Graovach, desautoriza a los docentes. Entiende que la medida de cerrar por miedo es exagerada. Va el viernes al colegio, también a media mañana y cuando en el barrio nadie se asoma afuera, ante la invasión de policías. Otra vez, por lo bajo, algunos se preguntan por qué no va a la tardecita, solo, para ver cómo es la realidad allí.
La preocupación es lo que los colegios no cierren. Lo que es válido. Pero, a la luz de los discursos, pareciera que se han bajado los brazos ante la violencia que rodea a los edificios educativos. Peleas a los tiros en cualquier barrio de la Capital, a toda hora. En Villa Boedo, en Marqués Anexo, en Sol Naciente. Pudo ser Villa Cornú, Bella Vista, Villa El Libertador, Villa Páez, Alberdi, Villa Urquiza, Villa Unión, Ciudad Evita… O en la escuela Sarmiento, en plena avenida Colón, casi frente a la Jefatura, donde un grupo de alumnos atacó a un compañero que los había filmado, el martes 14, ingiriendo drogas en las aulas.
Detrás de los números
En los primeros cuatro meses de 2013, se registraron 64 asesinatos en toda la provincia de Córdoba, lo que lo transforma en el cuatrimestre inicial más violento de los últimos años. Según los parámetros internacionales, la provincia aún tiene una estadística “positiva” de la cantidad de homicidios cada 100 mil habitantes. La tasa, de 3.8, es inferior que la media nacional (5.4), y mucho más baja que la ciudad de Rosario (14). En la ciudad santafesina, en los primeros cuatro meses hubo 80 crímenes, 16 más que en todo Córdoba. No obstante, aunque tomados estos datos en conjunto se puede inferir que en la provincia la criminalidad no es tan elevada, la cifra es preocupante, sobre todo si tras ella se esconde un amplio y complejo trasfondo social violento.
Poco más de la mitad de los homicidios ocurridos en 2013 en la provincia de Córdoba sucedió en barrios de la ciudad de Córdoba. En el 70 por ciento de estos casos, la víctima conocía a su victimario. Mucho más que la inseguridad, lo que mata es la violencia. Los ajustes de cuenta, las venganzas ligadas al tráfico minorista de drogas en los barrios. Las riñas por cualquier chispa. La ira absurda dentro de las casas de familia.
La inmensa mayoría de estos asesinatos ocurrió en barrios de clase media-baja y baja. En sectores donde la vida, según relatan sus vecinos, parece valer menos.
Traficantes, proveedores, “quioscos” y muchas armas en poder de adolescentes reclutados para servir como ejército de “narcos” de poca monta que pugnan por figurar como “dueños” de la zona, conforman un cóctel alrededor del cual un grupo mucho más numeroso de vecinos trabajadores intenta sobrevivir bajo las reglas que impone el terror: no ver, no hablar, no escuchar. No meterse ante un monstruo con tentáculos cada vez más largos.
El sociólogo Emilio Tenti Fanfani explica que las formas de exclusión y precarización laboral aportan su contribución en la generación de personalidades y comportamientos desintegrados y desintegradores. Los excluidos, incapaces de proyectarse en una estrategia de objetivos a mediano y largo plazo, sienten que no tienen “nada que hacer”, han perdido una función social, se han desprendido de la cadena de interdependencia que nos relaciona con los demás y que nos proveen una identidad y un sentido a los que se es y se hace. Para ellos el tiempo libre es un tiempo muerto, un tiempo inútil. Es así que, especialmente los jóvenes, pueden creer encontrar en los actos de violencia un medio desesperado de existir frente a los otros, de ser reconocida su existencia o, simplemente, hacer que pase algo que es mejor a que no pase nada.
En el mismo sentido de interpretación social, el sociólogo Martín Auyero y la maestra María Fernanda Berti recorrieron palmo a palmo Arquitecto Tucci, un barrio caliente del conurbano bonaerense, según describieron. Un relato de fragmentos, historias, en donde la realidad golpea duro: muertes jóvenes en medio de un contexto vehemente. Una violencia, descubrieron, que no se restringe al “ojo por ojo”, sino que se expande, que se derrama, en una cadena continua cuyos factores estructurales aparecen mezclados y hasta ocultos.
“En el trascurso de la investigación y durante el proceso de escritura, también nos preocupó –y mucho– la forma de representar la brutalidad interpersonal entre quienes están ubicados en lo más bajo de la estructura sociosimbólica. Las historias que contamos, los testimonios que citamos, los eventos que reconstruimos pueden ser utilizados para reproducir y reforzar los estereotipos usuales sobre los destituidos”, advirtieron. Sin embargo, continuaron adelante ante la urgencia del relato: “Esta historia tiene que ser contada ahora”.
La violencia a toda hora, materializada en tiros, en armas en poder de cualquiera que se proponga tenerlas, en identificaciones por barrios o grupos, en códigos de silencio, es una realidad que atraviesa distintas escuelas cordobesas, pero que ellas no generan, sino todo lo contrario. Hoy, en muchos sectores de la ciudad de Córdoba, vivir no significa lo mismo que en otros barrios. La vida, el día a día, es sinónimo, entre otros puntos, de balazos, enfrentamientos, drogas, “cocinas”, “teros”. Una violencia institucionalizada, en el sentido de acostumbramiento, aunque no por ello, deja de doler.
Una sociedad dentro de otra más grande y que, en muchos casos, ignora lo que allí pasa. “Es un mundo de carencias materiales y afectivas, y también un universo en el que la violencia interpersonal se hace presente con intermitente pero brutal frecuencia”, advierten Auyero y Berti.
“Un tiroteo a la mañana, una pelea doméstica al mediodía, una riña callejera por la tarde, una violación al anochecer, un linchamiento a la mañana siguiente: ¿Cómo y por qué estas aparentemente disímiles formas de agresión y daño físico se conectan unas a otras?”, se preguntan antes de ensayar una contestación: “Cuando vendedores y consumidores se pelean por pagos, faltantes, o calidad de las drogas, su violencia pública puede migrar al interior del hogar, convirtiéndose en una brutal pelea entre hermanos. Estas violencias disuelven las distinciones entre calle y hogar, esfera pública y privada; se conectan en una sola: que se expande continua”.
¿Es el narcotráfico el motor violento? ¿La corrupción de sus cómplices estructurales? ¿O la falta de expectativas? Tal vez todo junto.
Por si hace falta, conviene aclarar que la violencia no es un fenómeno exclusivo de algún sector. Es un drama que atraviesa a toda la trama de la sociedad, y que repercute en cada vez más noticias sobre disputas que terminan de la peor manera. Pero es en aquellos lugares más desprotegidos donde se manifiesta de manera más pública y parece ser más letal.
Natalia Bermúdez, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en antropología e investigadora del Conicet, desde hace años camina los barrios de Córdoba buscando un porqué a la fragilidad de las palabras. Su estudio se ha enfocado, sobre todo, en los sectores populares, en los que los atropellos son más visibles. La investigación se detuvo mucho en intentar comprender qué es lo que se rompió con las relocalizaciones de las villas de la Capital en los “barrios-ciudad”, proceso que comenzó en la década de 2000, durante el primer gobierno de José Manuel de la Sota.
Allí, se encontró con chicos de 14 años que no conocían el Centro. Mujeres que trabajaban como empleadas domésticas, pero dejaron de hacerlo por los largos trayectos que debían realizar y que les demandaba dos ómnibus por viaje. Y hombres que ya no podían salir con los carros porque los caballos no soportaban las nuevas distancias. De esta manera, se terminaron por clausurar muchas vías de contacto entre personas de clases sociales distintas.
“Pero el Estado sí está presente en estos lugares, el problema es cómo”, reitera Bermúdez.
En estas nuevas urbanizaciones, donde de pronto villas diferentes quedaron obligadas a convivir en un nuevo espacio demarcado con un portal de ingreso, una escuela propia y hasta una comisaría, pronto estallaron los conflictos. “La violencia genera identidad, prestigio, y es, también, un medio para ocupar un lugar”, dice.
Al respecto, remarca que en estos lugares, donde la Policía es vista, en muchos casos, comprometida en situaciones delictivas, y en los que la idea de la Justicia aparece como un lugar muy lejano y elitista, la conflictividad termina por resolverse entre cada uno. Y “uno” significa, también, con todo su núcleo familiar por detrás.
“Evidentemente, hay un acceso muy fácil a las armas, lo que lleva muchas veces a situaciones extremas. Todos los adolescentes de los distintos sectores sociales quieren demostrar su virilidad, algunos lo hacen en autos, otros con diferentes ostentaciones de poder, en estos casos, lo demuestran a partir de las armas, pero no son valores diferenciados”, refiere.
Durante su análisis, Bermúdez descubrió un fenómeno que estremece: “Hoy, los jóvenes dicen que saben que no van a vivir mucho, la persecución policial no los desalienta, ‘si robo o no, no importa, porque me persiguen igual’, aseguran”.
“El morir siendo joven –describe– atraviesa por una etapa de progresiva normalización, en la cual intervienen un conjunto múltiple de procesos, entre los que se encuentran la escasez de recursos materiales y sociales, la criminalización, represión policial abusiva, encarcelamiento, facilidad para conseguir armas, y conflictos entre grupos locales”.
¿Y la droga? En los últimos tiempos, el avance del tráfico y distribución de estupefacientes ha sido evidente. “Las familias lo viven con mucha contradicción y conflictos internos, reconocen que es mala y no la quieren para los chicos, pero es también una de las pocas posibilidades de ascenso social que encuentran”, finaliza.
“También hay cárceles sin paredes”, leyeron alumnos del colegio de Marqués Anexo. Al caminar por los barrios cordobeses, conocer a sus vecinos, adentrarse en las rutinas de todos los días, más que una metáfora, la frase aparece espantosamente viva, como muestra de una deuda que lejos de achicarse parece agigantarse cada vez más.
Fuentes consultadas:
Familiares de Leandro Rodríguez. Familiares de Tamara. Familiares de Morena. Docentes y vecinos de Marqués Anexo. Vecinos de Villa Urquiza. Vecinos de Müller. Nombres que se reservan para no exponerlos aún más a la violencia que sufren todos los días. Policías cuyos datos también se resguardan porque no están autorizados de manera oficial a hablar con la prensa sin un pedido expreso. Antropóloga social Natalia Bermúdez.
Tenti Fanfani, Emilio, “Civilización y ‘Descivilización’”. Buenos Aires, Marzo, 1999.
Berti, María Fernanda y Auyero, Javier, “La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense”, Buenos Aires, 2013.
Galeano, Eduardo, “Días y noches de amor y de guerra”, Buenos Aires, 1978.
Diarios La Voz del Interior y Día a Día.
Revista La Luciérnaga.
www.cronicasdelacalle.wordpress.com
www.revistaanfibia.com
Ministerio de Seguridad de la Provincia.
(*) Periodista del diario La Voz del Interior, revista La Luciérnaga y programa de TV “Crónicas de la Calle” (Canal C de Córdoba).
