Por Ricardo J.Cornaglia (*)

Le Monde Diplomatique – El Diplo – julio, 2004


 

En abril pasado tuvo lugar en el Centro Cultural General San Martin de la Ciudad de Buenos Aires un evento científico bajo el título de "Semana Argentina de la Salud y Seguridad del Trabajo. Especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sealaron en esa ocasión que el trabajo provoca dos millones de víctimas fatales por ao en el mundo, de las cuales 345.719 fallecen por accidentes y el resto por enfermedades causadas por el trabajo. Ademas, 160 millones de personas padecen enfermedades profesionales y se producen 270 millones de accidentes laborales. El 28 de abril de 2003 (declarado "Día mundial sobre la seguridad y la salud en el trabajo") un informe de la OIT sealó el enorme costo mundial que representan las consecuencias del llamado trabajo peligroso: un 4% del PBI mundial, o sea 1,25 billones de dólares anuales. Para Argentina, esa pérdida es estimada en 2.500 millones de dólares por ao.



Es en ese contexto global que se debe analizar críticamente la situación en Argentina, sin dejar de tener en cuenta que el mismo informe seala que "en algunas partes del mundo en desarrollo, las tasas de mortalidad son cuatro veces superiores a las de los países industrializados más seguros".


 

Tres trabajadores argentinos mueren cada día laborable a raíz de accidentes de trabajo . Pero aunque asustan, estos datos estadísticos no dejan de ser falaces, ya que sólo refieren los casos procesados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los accidentes súbitos y violentos con consecuencias directas e inmediatas de fallecimiento. Otros infortunios laborales no son procesados por esos organismos, ni responden al tipo accidental.

 

En Argentina, los seguros obligatorios impuestos por la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557 cubren a 4,8 millones de trabajadores, sobre un total de nueve millones de asalariados ocupados. Por lo tanto, el problema debe ser analizado desde una óptica mas amplia que la de los seguros obligatoríos sobre los que informa la Superintendencia de

Riesgos del Trabajo (SRT).

 

Para comienzos de 2003, el Ministerío de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informaba que había 8.700.000 trabajadores asalariados, de los cuales 798.000 trabajaban en programas de asistencia al desempleo con prestaciones laborales a cumplir, pero no protegidos por la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557. Otros 3.500.000 trabajaban en negro y por lo tanto no estaban registrados ni figuraban en las estadísticas oficiales. Ademas, el trabajo en negro aumenta paulatinamente, respondiendo a un modelo económico en el que el fraude y la evasión son estructurales. Finalmente, las condiciones del trabajo en negro son tales que no resulta exagerado sostener que la siníestralidad entre esos trabajadores duplica a la que sufren los registrados.


 

Por otra parte, muchos empleadores registran sus relaciones laborales, pero no por ello dan cumplirnIento a la Ley 24.557. La falta de afiliación a una ART es un acto ilícito, pero sin mayores consecuencias.

 

El pico de trabajadores cubiertos por el sistema se alcanzó en julio de 2001 con casi 5.000.000 de beneficiarios. Pero para noviembre de 2002 la cantidad de protegidos había bajado a 4.500.000, manteniéndose en ese nivel en el ao siguiente y trepando en el primer trimestre de 2004 a 4.800.000 trabajadores.


El sector compuesto por los trabajadores no registrados, o registrados pero no cubiertos por el seguro, no deja constancia de procesamiento de los infortunios y no son las ART las capacitadas para dar informes al respecto.


Esta franja no asegurada va alcanzando a casi la mitad de los trabajadores asalariados. El propio gobierno contribuye con sus políticas de empleo y planes como el "Trabajar", en los que entre mayo de 2002 y mayo de 2003 se crearon puestos para 610.000 desocupados, aunque desprovistos de la cobertura de la Ley 24.557, que es la que tiene por fin prevenir y reparar los infortunios de trabajo. En la misma condición se encuentran los contratados mediante locaciones de servicio, una corruptela que se viene haciendo común en la administración nacional, la provincial, la municipaí y en organismos públicos como las universidades. La flexibilización del trabajo continúa operando contra las previsiones del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Los gobernantes se rasgan las vestiduras en materia social, pero siguen sin entender la naturaleza de los derechos sociales, ni el desastre que provocó su desarticulación.

 

Finalmente, los informes se refieren a las muertes por accidente, pero el impacto emocional que generan hace que pase desapercibido el hecho de que las enfermedades causadas laboralmente rivalizan en cantidad.


 

Las pésimas condiciones en que se trabaja en el país provocan enfermedades invalidantes que alcanzan números aterradores. Así, en la construcción y en la minería el 65% de las jubilaciones que se otorgan son anticipadas, por causa de invalidez. El sistema previsional debe así hacer frente a las pésimas condiciones de trabajo.


 

Prestaciones inexistentes
El agro es otra de las incógnitas mantenidas por los grupos dominantes en el área de la salud de la población trabajadora. "Si se estudian los datos oficiales -indica el doctor Carlos Rodríguez, médico laboralista, ex Director Nacional de Seguridad e Higiene- todos mueren víctimas de un rayo. Si bien hay obviamente regiones con descgas eléctricas, hay otras causas de mortalidad (como envenenamiento por plaguicidas) que nunca aparecen" . Según certificó la investigación ya mencionada, en el campo argentino es común el uso de agroquimicos prohibidos en otros países, como los arsenicales, mercuriales, paraguat, estricnina y sulfato de talio.


Una de las consecuencias más perniciosas que resulta de la aplicación del sistema de la Ley 24.557 está evidenciada en la casi falta de otorgamiento de prestaciones correspondientes a enfermedades causadas por el trabajo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo informó, en efecto, que sobre 329.000 personas siniestradas en el ao 2002, los accidentes de trabajo cubrieron el 8l,81% de las prestaciones otorgadas; por reagravamientos se cubrió el 4,13%; por accidentes in itinere, el 12,52%; por enfermedades profesionales sólo se otorgó el 1,54% de las prestaciones (por hipoacusias el 1,23% y el resto de las enfermedades alcanzó al 0,31%)

 

La información sobre las prestaciones otorgadas por enfermedades que emitió la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revela que el sistema de cobertura, tratamiento, rehabilitación y reparación de esas enfermedades prácticamente no operó. Lo cierto es que el sistema ha actuado como un vallado infranqueable para que los trabajadores accedan a las magras reparaciones tarifadas en esa clase de infortunios.


 

En realidad, el sistema nada pudo conseguir de importancia para cambiar un estado de cosas que en esta materia era ya grave antes de sancionarse la Ley 24.557, puesto que las enfermedades causadas por el trabajo eran ya las nuevas protagonistas del infortunio laboral: el mejor conocimiento de las causas determinantes, alcanzado por la medicina del trabajo, puso el problema al desnudo.

El procesamiento administratiivo o judicial de los reclamos no refleja el problema de fondo en toda su intensidad y las estadísticas que se dan a conocer, basadas en datos insuficientes y amaados, poco aportan para aclarar este gravísimo problema de salud pública. A partir de las políticas imperantes a favor de la flexibilización, el medio laboral se tornó cada vez mas agresivo para los trabajadores y es esencialmente enfermante.


Es así que en esta etapa ni siquiera la reactivación económica juega a favor para disminuir la accidentabilidad. El aumento de las horas extra y las extensas jornadas incrementan los infortunios. La industria de la construcción y la actividad agrícola -ejes de la recuperación económica- son justamente sectores en los que los controles de seguridad e higiene no existen o son notoriamente insuficientes.

 

Ante la falta de confiabilidad de los datos oficiales, sólo queda para entender mejor el problema arriesgar algunas proyecciones y tener en cuenta pautas analógicas. Si se producen tres muestros por accidentes, la cifra real a estimar, teniendo en cuenta a los trabajadores no registrados, debería ser seis? .


 

Pero esta cifra sólo contempla los accidentes. Si tuviéramos en cuenta la enfermedad como causa de muerte y proyectáramos analógicamente el dato difundido en el informe de la OIT, es necesario admitir que por cada muerte por accidente suceden cinco por enfermedad. Los muertos diarios que el trabajo produce en el país llegarían entonces a 36. Así, en Argentina se producirían 13.l40 muertes por ao a causa del trabajo. En siete aos de vigencia de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 serían pues 91.980 las personas que perdieron la vida debido al trabajo.


Cuantas de esas muertes pudieron ser evitadas? Si éstos son los casos de muerte, cuantos corresponderan a discapacidades parciales y permanentes?


Hagamos algunas ingratas comparaciones: 30.000 desaparecidos dejó como saldo la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional durante la dictadura militar. No estaremos en presencia de otra guerra sucia que transcurre en democracia sin que lo advirtamos?

 

La guerra de Malvinas nos dejó varios centenares de muertos: por qué está tan arraigada en el imaginario colectivo, mientras este conflicto social permanece ignorado, acallado, censurado?

 

Función de la Ley 24.557
La ley que debería cumplir la función preventiva por excelencia del infortunio laboral es la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557. Esta norma regula la reparación de los accidentes y enfermedades profesionales, pero desde su sanción en el ao 1995 ha generado fúndados reparos y críticas .
 

Los efectos de su aplicación se estan haciendo sentir claramente  en el mundo del trabajo.  Cuanto más se asienta el sistema legal creado, mayor inseguridad laboral existe y el accidente y la enfermedad resultan promovidos .


 

Pese a que cuando se fundamentó la necesidad del dictado de la norma se sostuvo que se justificaba por la función que cumpliría en la prevención de los infortunios, lo cierto es que tras más de un lustro de experiencia resulta evidente que no cumple eficientemente con sus objetivos.


Ni las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, ni la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sirvieron con eficacia a la prevención. Se suponía que deberían asegurarse 450.000 empresas, para lo cual la Superintendencia fue dotada… de 40 inspectores. El fracaso fue total y el descontrol, absoluto.


Las ART llevaron a cabo una campaa para demostrar que las responsabilidades que se le habían encomendado eran de imposible cumplimiento y el gobierno se encargó de desactivarlas con los decretos 1278/2000 y 410/2001 y resoluciones como la 700/2000 de la SRT.

 

Si antes del dictado de esas normas se suponía que el control debía ser ejercido en forma directa sobre 450.000 empresas, a partir de las reformas se rdujo el control a las empresas de más de 50 trabajadores y que registraran siniestralidad superior en un 10% al promedio del grupo de pertenencia. Esto quiere decir que el grupo a controlar quedó reducido a 3.416 empresas (un 0,73% del total), que ocupan a 816.000 trabajadores (un 16% del total).


 

Para el 99,27% de las empresas situadas fuera de esas categorías, el decreto 410/2001 sostuvo que la frecuencia y condiciones de actividades de prevención y control sería determinado por la SRT; organismo que sigue sin cumplir sus deberes.
 

Las muertes de los trabajadores accidentados y las incapacidades parciales y permanentes que tienen origen en el trabajo determinaron continuas quejas en cuanto al arbitrario desconocimiento de los infortunios sucedidos, las magras reparaciones otorgadas o la falta de acceso a las mismas. Todo ello contribuyó a provocar una catarata de proyectos de reformas de la Ley 24.557.


 

Saliendo al cruce de esas reformas, el gobierno de Fernando de la Rúa dictó un decreto de necesidad y urgencia, 1278/2000 (BO 3-1-01), que sólo vino a emparchar la situación con algunas leves mejoras y que sirvió para paralizar la legislación reformista en ciernes y, de paso, liberó de responsabilidades a las aseguradoras en materia de prevención.


Teniendo en cuenta todos los datos del infortunio laboral y su contexto social se puede comenzar a vislumbrar la importancia de la cuestión en juego, la enorme trascendencia social que tiene y la necesidad de implementar una política de salud fuera del alcance de los que operan guiados por la lógica de la maximización de los beneficios. Lógica que alcanza a las ART y se prolonga con sus crueles efectos en las prestaciones de la medicina privada, con la que opera funcionalmente.


Con la Ley 24.557 y a partir de la afiliación a una ART, los empleadores argentinos consiguieron una licencia para actuar sin tener que soportar las consecuencias económicas de los daos que causan.

 

Osvaldo Giordano, quien se desempeó como secretario jurídico del Ministerío de Economía durante la gestión de Domingo Cavallo, considerado el autor del proyecto que terminó en la ley vigente, tenia conciencia de ello. En un estudio preparado para la Fundación Mediterránea, citaba estos conceptos de Peter Drucker: "Todos los paises desarrollados han adoptado la compensación a los trabajadores según la cual el empresario paga una prima de seguros basada en su propia experiencia de accidentes, lo que convierte a los daos causados por las operaciones arriesgadas en un costo directo de la actividadad empresarial. Los accidentes, así pués, sucederán de modo irremediable. Esto fue agriamente combatido en su tiempo, como una "licencia para matar", por los reformadores dedicados a dotar de seguridad los puestos de trabajo. Sin embargo, la compensación a los trabajadores ha hecho más por reducir la incidencia de los accidentes en la industria que las regulaciones de seguridad o las inspecciones de fábrica" .

 

Para las victimas, el sistema legal vigente impone un seguro que libera de responsabilidades a los patrones, otorgándoles un derecho a daar irresponsablemente. Para las ART es la legitimación de la intermediación parasitaria de fondos sociales a gestionar, a partir de empresas guiadas por la regla de la maximización de los beneficios. Lo que determina que esas sociedades, inspiradas fimdamentalmente en su propio lucro, tendrán que cumplir con prestaciones que, en la medida enque se retaceen, aumentarán sus ganancias.


Desde que el sistema está vigente, miles de sentencias de los Juzgados y Tribunales del Trabajo, de todas las jurisdicciones, declararon la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley 24.557, que agravian los artículos l4 bis, 16, l8 y l9 de la Constitución Nacional.

Sólo un deshumanizado economicismo pudo hacer que los trabajadores argentinos fueran discriminados y marginados de la justa reparación de sus infortunios por quienes son responsables de causarlos, ya que se benefician económicamente con la actividad laboral que los provoca. Ese economicismo especulativo intervino estatalmente para crear un mercado cautivo, destinado a operar en seguros privados de infortunios de trabajo.Y se lo entregó a grandes grupos de intermediación financiera.



A los trabajadores les llegan las migajas del negocio, mientras el costo laboral final lo paga toda la población, licuado en el precio de los bienes y servicios.


El sistema vigente promueve la indiferencia patronal por la salud y la vida de los trabajadores. Es hora de tomar conciencia de ello, entre otras razones porque pese a las oscuras y amaadas informaciones que se desprenden de la Superintendencia de Ríesgos del Trabajo, el aumento manifiesto de la accidentabilidad resulta evidente. En los primeros seis meses de 2003 los infortunios procesados fueron 191.115, casi 30.000 mas que en el mismo período del ao anterior. La accidentabilidad creció el 17%.


Y si bien es cierto que la reactivación económica puede haber incidido también en este incremento -por cuanto se incentivaron las actividades productivas primarias en relación con los servicios- no deja de ser una causa secundaria. La razón fundamental reside aún en la propia dinámica del funcionarniento de un sisterna que facilíta a los empleadores operar sin ser responsables de sus conductas violatorias de los deberes de seguridad y prevención.


Una prevención eficiente evita reparaciones innecesarias y, en contrapartida, un régimen de responsabilidad eficiente induce a invertir en la prevención, para no tener que soportar el costo reparativo. Esta regla básica del funcionamiento del sistema no fue respetada en la Ley 24.557, que al externalizar del sistema a los empleadores terminó incidiendo en la falta de inversión en prevención. El sistema vigente promueve asi el infortunio.


Al entrar en vigencia en 1996 la Ley 24.557, se hizo público que el 97% de las empresas no cumplían con las normas de seguridad e higiene. Hoy la situación empeoró, salvo en el reducido universo de las empresas controladas por las ART. Sólo el 17% de los trabajadores asegurados integra ese sector, en el cual los controles reales pecan por permisivos, a fin de no perder a los clientes contratados como parte de la cartera asegurada. La lógica sobre la cual se apoya el funcionamiento de las ART es cruel.

(*) Director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata.

Referencias:

[I] Silvia Stang, "La OIT dice que en Argentina hay 1.700 muertes laborales por ao~. La Nación. Buenos Aires. 28-04-04. El dato indica que de cada seis muertes. aproximadamente una sería por accidente y cinco por enfermedad.

     


[II] Por su parte. la OIT denunció que en Argentina hay l4 accidentes mortales cada 100.000 trabajadores. Para Canadá esa proporción es de 6 y para EE.UU. de 5. En los seis primeros meses de 2003 se registraron 380 muertos. según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. a partir de la información suministrada por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

 

[III] Carlos Rodríguez, "Trabajo de Mala Muerte". Página/12, Buenos Aires, 26-04-92­

 

[IV] "Según la estadísticas en los trabajos no hay más sa­turnismo, brucelosis, silicosis, dermatitis,  fibrosis pul­monar, pero los trabajadores se siguen enfermando. Lo que sucede es que las ART no reconocen las enfer­medades. pues al no haber relevamiento de agentes de riesgo argumentan que el trabajador pudo haberse contagiado fuera de su lugar de trabajo". Fernando Krakowíac, "Sin red", suplemento Cash de Página/12, Buenos Aires, 11-4-04

 

[V] Hay quien denuncia 1.700 muertes laborales por ao, estimando también a los trabajadores no registrados. Ismael Bermúdez, "Polemica por los datos de las ART", Clarín, Buenos Aires. 27-4-04.

 

[VI] R. J. Cornaglia. El control de constitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo, Editor Joaquín Femández, Madrid. Buenos Aires. 1997; Reforma laboral. Análisis crítico. Aportes para una teoría general del derecho del trabajo en la crisis, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001; y "La jurisprudencia laboral con posterioridad al "fallo Gorosito", La Ley, Buenos Aires, 8-10-03.

 

[VII) Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. los accidentes entre enero y marzo de 2003 sumaron 93.329. En el mismo período de 2002, los accidentes fueron 79.115. El aumento registrado fue del 18%. En ese periodo el número de personas cubiertas por el sistema de seguro prácticamente no varió.

 

[VIII] Carlos E. Sánchez, Osvaldo Giordano y Alejandra Torres, "Enfermedades y accidentes del trabajo. Lineamientos para una regulación alternativa", Revista Estudios, Fundación Mediterránea, ao XII, N 56, Córdoba, octubre-diciembre de 1990.

 

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