Ante la movilización de beneficiarios y organizaciones sociales, el gobierno debió suspender la normativa que reordena el sistema de subsidios para la atención de discapacitados. Sin embargo, la resolución afectaría la relación del Estado con los prestadores y no con los beneficiarios.

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Redacción – Prensared

La suspensión de la resolución 1200 de la Superintendencia de Seguros de Salud, tras una primera manifestación beneficiarios discapacitados y familiares en las principales ciudades del país, no impidió una segunda marcha la semana pasada. Estudiantes de escuelas especiales, profesionales de la rehabilitación, agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles, marcharon frente al Patio Olmos repudiando la normativa que genera temor sobre la caída en las prestaciones de las obras sociales.

Desde la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Provincia de Córdoba, Lilia Patiño le dijo a este medio que “si bien hay una ley que defiende los derechos de los discapacitados, la resolución 1200/12 nos produce miedo de que las obras sociales se agarren de esto para no cubrir las prestaciones lo cual afectaría a clase media, media baja y especialmente a los sectores más vulnerables”.

Patiño expresa la posición de miles de beneficiarios que solicitan la  derogación “del articulado referido a la discapacidad porque no queremos que afecte a los chicos y tampoco perjudique a los profesionales que los atienden. Queremos que reciban atención y que no quede el tendal de desocupados porque la obra social no recibe el dinero para pagar las prestaciones, el transporte y las maestras integradoras”, enfatizó.

La resolución publicada en el Boletín Oficial en octubre anunciaba la creación de un Sistema Único de Reintegros (SUR) para la implementación y administración de fondos destinados a apoyar financieramente a los agentes de salud. En sus anexos detallaba las prestaciones médicas de baja y alta incidencia, presentando un catálogo con las enfermedades y su tratamiento específico, al tiempo que precisa los montos a reintegrar y suprime la posibilidad de reintegros “por vía de excepción”.

Directivos de algunas prestadoras sindicales aclararon que este nuevo sistema no regula la cobertura de los servicios que la ley garantiza y que las obras sociales y prepagas deben brindar. Insisten que las modificaciones del sistema de reintegros tiende a evitar el “negocio” de la discapacidad y acuerdan que el Estado debe intervenir para evitarlo.

Prórroga

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Diversas entidades prestatarias como la Asociación de Institutos Educativos Especiales (AIEPESA), Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC), Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), Federación Argentina de Entidades Pro-Atención la Deficiente Mental (Fendim), Obra Don Orione, Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad y la Federación Converger CBA, se movilizaron para garantizar la prórroga en su aplicación ya firmada entre la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y las organizaciones citadas.

La 1200/12 incluye algunos módulos específicos referidos al transporte que debe garantizar el Estado (municipal, provincial o nacional) pero quedan por fuera otros, que deberán discutidos por las obras sociales y los transportistas según el caso. Pero ante las deficiencias de ese sistema, se suplanta por servicios privados.

Por eso, las autoridades nacionales aseguran que la totalidad de las prestaciones consignadas en el nomenclador nacional, así como los prestadores acreditados en el Registro Nacional de Prestadores de Discapacidad del Servicio Nacional de Rehabilitación seguirán como hasta ahora.

El acuerdo fue suscripto por  la funcionaria Liliana Korenfeld. Además de las entidades citadas, participaron la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) y el Arzobispado de Buenos Aires. En términos generales consensuaron la elaboración de “una nueva resolución que regule específicamente las prácticas a reintegrar por discapacidad”. A la vez, se abrió una mesa de sugerencias donde pueden participar personas físicas y jurídicas y acercar los aportes que crean necesarios.

Desde la SSS dan cuenta que la decisión busca “ampliar derechos” y no vulnerarlos y subrayó que “no peligran el financiamiento de las prestaciones”. Asimismo aseguraron que ya fue depositado el Subsidio de Investigación de Asimetrías que favorece a las obras sociales que cuenten con menor cantidad de afiliados.

Sin embargo, el colapso que viven las obras sociales, debido a la falta de cumplimiento de los reintegros de parte de Estado nacional, pone un mando de duda sobre el futuro del sistema. Esta situación levantó la protesta unánime de los sindicatos y es una de la causas convocantes del paro nacional que llevarán a cabo la CTA y la CGT el próximo 20 de noviembre.

Quejas sobre megaefectores

Desde otro ángulo, los prestadores chicos se quejan de las obras sociales porque la cadena de pagos registra atrasos que a veces alcanzan hasta un año.

En esa dirección, apuntan que los grandes efectores, propietarios de mega centros de rehabilitación no tienen problemas para mantener ese sistema. No es el caso de un hogar de día que trabaja en un barrio y recibe pagos facturados con aranceles más bajos que los nacionales. Muy distinta es la realidad de APROSS, Daspu, Profe, y Pami que tienen aranceles propios conformes a la legislación nacional y no se rigen por la ley 23.360 de obras sociales sindicales.

Desde APADIM Córdoba manifestaron que la resolución “afecta la relación entre la SSS y los agentes de salud” porque dejará de financiar algunas prestaciones básicas que obras sociales y prepagas, están obligadas a seguir prestando porque la Ley 24901 así lo prevé.

La entidad se distancia de las demás porque expresa que “los agentes de salud” no deben “trasladar esta situación a la relación con sus afiliados”. Destaca además que una resolución no modifica una ley y aboga por exigir su cumplimiento.

El PAMI salió al cruce de estas afirmaciones mediante un comunicado donde afirma que no hay motivos para que ninguna entidad realice cortes de servicios ya que la cadena de pagos se mantiene sin mora. Y afirmó que “las prestaciones destinadas a garantizar la correcta atención de las personas discapacitadas, dependientes de dicha obra social, se encuentran funcionando con total normalidad”.

La nueva Ley está próxima

La Ley 24901 de Protección Integral de las personas con Discapacidad en Argentina que fuera modificada, recibió media sanción en Diputados  y  está próxima a tratarse en el Senado de la Nación.

La norma, ratifica que todos los agentes de salud deberán prestar cobertura obligatoria de prestaciones básicas  a quienes lo necesitan tengan o no obra social. En tanto que el Estado será el garante de su cumplimiento.

Las modificaciones apuntarían a extender derechos y brindar servicios integrales siguiendo los principios de la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad.  Durante dos años la Comisión de discapacidad, presidida por María Luisa Storani trabajaron para lograr acuerdos y optimizar el  sistema, con el apoyo de todos los partidos políticos.

Entre los cambios realizados se encuentran la ampliación del concepto de persona con discapacidad “adecuándolo a la terminología de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”; obliga al estado a convertirse en garante del derecho a la salud y a recibir prestaciones y cobertura universal. Acceso gratuito a  la información sobre tratamientos y formas de acceso, educación inclusiva, asistencia personal y apoyo cotidiano.

Fotografía Cadena 3

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